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En la privatización de las termas, la bolilla que faltaba
POR NEGLIGENTE PROCEDER DE LA EX INTENDENTA PODRIAN DEMANDAR AL MUNICIPIO DE LARROUDE

Un extenso artículo firmado por el prestigioso columnista Juan José Reyes, aparecido en el matutino La Aren en su edición de este lunes 19 de julio, revela la existencia de una carta documento remitida por la empresa que, originariamente, estaba en tratativas con la ex intendenta Cristina Paso de García, mediante la cual demanda dejar sin efecto la reciente adjudicación del Complejo Termal y continuar con la primitiva licitación ya que nunca fue notificada de la suspensión que oportunamente dispuso la ex mandataria comunal. Una indemnización por daños y perjuicios podría resultar cuantiosa y, por ende, sumamente gravosa para las arcas municipales.

Recuerda el artículo de marras que en el año 2007 la por entonces intendenta de esta localidad, Cristina Paso de García, realizó un llamado a licitación pública para la adjudicación del Parque Termal (Boletín Oficial 2749). Lo hizo para verificar si existían interesados en competir con otra que ya había formulado la empresa Termas Pampeanas S.A.

El proceso licitatorio no prosperó por la objeción legal que por el uso de las aguas formuló la Fiscalía de Estado, lo que se resolvió recién en enero del 2008, mediante la promulgación de la ley 2400. O sea, el anterior llamado quedó inconcluso y al oferente nada se le habría comunicado oficialmente.

Por esa razón, Termas Pampeanas S.A. interpuso un reclamo administrativo (intimación extra judicial) solicitando se reanude la licitación autorizada por la Ordenanza Municipal 3/2007.

Alega la demandante que la licitación fue suspendida sin culpa alguna de la sociedad y tampoco habría habido una comunicación de parte. En otras cosas, reclamó su reanudación, bajo apercibimiento de iniciar una demanda judicial por daños y perjuicios.

Tanto el indebido inicio del proceso licitatorio –ya que no estaba resuelto el tema jurisdiccional de las aguas- como su interrupción no comunicada al oferente, acontecieron bajo el mandato de Paso de García.

En cualquier sentido que se resolviera la que pierde es la comuna, ya que si accede a las pretensiones de la demandante debería indemnizar a los actuales adjudicatarios.

Así las cosas, es muy factible que todo puede terminar en la justicia y costarle mucho dinero a la comuna o a la provincia, pues difícilmente los ingresos municipales puedan soportarlo, ya que la empresa marplatense amenazó con el inicio de las acciones legales. Lo más grave, por el increíble desorden de la gestión anterior, ni siquiera pueden encontrar la documentación original de la Físcalía de Estado sobre la suspensión de la licitación.